domingo, 5 de octubre de 2008

10 años de gobierno de las FF.AA., y de Orden. 1983.


Chilenos y Chilenas:
¡ Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden salvaron a Chile de la tiranía  totalitaria! ¡ Los ataques y las calumnias que hemos recibido y los sacrificios que hemos asumido, son el precio de la mantención de nuestra identidad y de la libertad de nuestra patria!

Asegurada la integridad de Chile y con el empuje y decisión de toda la Nación, emprendimos entonces la inmensa tarea de reconstruir el país y de forjar soberanamente una nueva institucionalidad.
Era tan profunda la grieta, que la misión que debimos asumir los hombres de armas no podía limitarse a una mera restauración de la institucionalidad quebrantada. Era necesario ir más allá, creando un nuevo sistema de profundo contenido humanista y de claro carácter democrático.

El concepto de autoridad, fundado en el respeto a la Ley, sostenido por sobre los intereses de sectores o grupos; la valoración del interés nacional como motor básico de la acción política; la protección de la libertad de las personas y el reconocimiento a su capacidad creadora, junto al respeto del derecho de propiedad, son principios básico que inspiraron la nueva institucionalidad.

Desde entonces se ha seguido una línea coherente, inspirada en la Declaración de Principios de 1974, y reafirmada en la Constitución de la Libertad de 1980.

La ciudadanía supo comprender que el propósito del Gobierno Militar: ¡ Era conducir al país hacia un sistema político, económico y social inspirado en la libertad, y ajeno a los vicios que conociéramos hasta 1973!

Fue así como la inmensa mayoría de chilenos aprobó la Constitución de 1980, y asumió el desafío de establecer las bases de este nuevo esquema, que se identifica con los principios de la civilización cristiana occidental.

La Constitución Política nos fijó un camino perfectamente delineado para alcanzar con plenitud los objetivos trazados, pero al mismo tiempo nos exige una gran responsabilidad y un genuino espíritu patriótico.

Por eso quienes no han sido capaces de superar el odio, quienes han insistido en gastadas consignas y en planteamientos divorciados de la realidad, quienes se mueven con afán revanchista o por mezquinos intereses, no podrán jamás entender con claridad el proceso institucional que se lleva adelante.

El respeto a la Constitución y a la vigencia de las instituciones que ella contempla constituyen un requisito indispensable para avanzar hacia la plena democracia.
Es por ello que, con decisión y realismo, el Gobierno ha asumido la compleja tarea de promulgar las Leyes Orgánicas Constitucionales.
Ya se encuentran vigentes la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley de Concesiones Mineras; están en pleno trámite legislativo los proyectos relativos a Municipalidades y Consejos de Desarrollo y a la Contraloría General de  la República; y han sido preparados, por la Comisión Especial designada al afecto, los que se refieren a la Administración del Estado, a los Estados de Excepción y a la Educación.

En este decenio, junto al proceso institucional, cuyos aspectos fundamentales he descrito, se destaca también el avance que el país ha experimentado en el campo económico, orientado al progreso social y al desarrollo.

Nuestra obra no ha estado exenta de sacrificios ni de exigencias. Primero fue necesario superar las funestas consecuencias de la Administración marxista -un país desquiciado y arruinado-; más tarde debimos enfrentar la crisis del petróleo y la baja del precio del cobre; finalmente, desde 1981, encaramos la segunda recesión mundial del siglo, considerada la más profunda, violenta y persistente, que nos ha obligado a adecuarnos a unanueva realidad de menores ingresos.

Los Gobiernos anteriores a 1973 creyeron que distorsionando la economía se podían lograr supuestos objetivos sociales. Y así, con el pretexto de beneficiar a los más pobres, se implantaron medidas tales como la fijación de precios, aranceles altos y disparejos, exenciones tributarias, créditos altamente subsidiados, y tantas otras políticas que terminaron beneficiando a una minoría y perjudicando a la mayor parte de la población, pero especialmente a los más pobres.
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